¿Es posible suspender sanciones impuestas por la Administración?

Escrito por Luis Gutiérrez-Maturana, Asociado del Área de Derecho Procesal

 

La respuesta se encuentra en la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los artículos 111 y 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).

 

La vía administrativa se termina cuando se dicta resolución contra la que no cabe recurso de alzada (que resuelve el órgano superior jerárquico), Recurso potestativo de reposición, o en el caso de actos dictados en materia de tributos Reclamación Económico-Administrativa. En el caso de no caber recurso de alzada es posible interponer potestativamente un recurso de reposición, que resolverá el propio órgano que dictó la resolución sancionadora, y el mismo recurso cabe, con carácter previo a la Reclamación Económico-Administrativa.

 

En consecuencia, si queremos evitar la inmediata ejecutividad de la sanción y la consiguiente apertura de la vía de apremio (suponiendo que no queremos pagar en período voluntario la sanción) debemos interponer, bien el recurso potestativo de reposición, bien el de alzada, o en materia tributaria la Reclamación Económico-Administrativa, siendo indispensable solicitar la suspensión de la ejecución del acto en el mismo recurso.

 

Si la administración desestima nuestro recurso, la vía administrativa se da por terminada, abriéndose la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, que resolverán los jueces o tribunales de lo contencioso-administrativo.

Al interponer dicho recurso, en el que la Administración ya no es “juez y parte” en el proceso, sino solo parte demandada en situación de igualdad frente al sujeto sancionado, pues resuelve el litigio un Juez o Tribunal imparciales, debemos reproducir o instar de nuevo la suspensión de la ejecutividad de la resolución sancionadora para que sea el órgano jurisdiccional quien se pronuncie sobre si acuerda o no la suspensión en un incidente procesal de medidas cautelares.

Puede suceder que en el período de tiempo que media entre la solicitud de la medida cautelar de suspensión y la resolución judicial, la Administración sancionadora inicie la ejecución de la sanción, abriendo la vía de apremio, pero ¿es legítimo este modo de actuar?

En la sentencia de la Sala Tercera, Sección 5ª, de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal Supremo parte de considerar que, conforme al artículo 138.3 de la LRJAP y PAC, las sanciones sólo son ejecutivas cuando hayan puesto fin a la vía administrativa, lo que significa que la Administración no puede ejecutar una sanción recurrida en vía administrativa o impugnada en sede jurisdiccional hasta que el Juez administrativo no se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada.

Por supuesto, si no se solicita la medida cautelar ante el órgano judicial, la sanción será ejecutiva a pesar de esa impugnación jurisdiccional. En definitiva, un acto administrativo sancionador no puede ejecutarse hasta que haya puesto fin a la vía administrativa y no se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo, porque si se interpone éste y se solicita la medida cautelar de suspensión, hay que esperar a que el Juez o Tribunal se pronuncien.

En cuanto a la suspensión administrativa por silencio de la ejecución de los actos administrativos impugnados en vía administrativa (artículo 111.3 de la LRJAP y PAC): Respecto a la interpretación del artículo 111 de la LRJAP y PAC, el Alto Tribunal alcanza la siguiente conclusión: el artículo 111.3 regula la suspensión administrativa por silencio, de manera que se impone la suspensión cautelar en vía administrativa cuando han transcurrido 30 días sin que el órgano administrativo haya decidido sobre la suspensión instada.

Ese plazo no puede contarse de fecha a fecha (como si se tratara de un plazo de 1 mes), sino por días hábiles (excluyendo, por tanto, sólo los domingos y festivos). El dies a quo del cómputo del plazo (momento en que comienza) no es desde su presentación en una oficina de correos (como establece con carácter general en el procedimiento administrativo el artículo 38.4 de la LRJAP y PAC), sino desde que tiene entrada en el registro del órgano competente para resolver. El dies ad quem (momento en que termina) es el del dictado de la resolución expresa, lo que es interpretado por el Tribunal Supremo como aquel en que fue notificado el acto sin que se rebase en ningún caso el plazo de 10 días que fija el artículo 58 de la LRJAP y PAC para la práctica de la notificación.

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